El bloque CC ARI Cambiemos presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley destinado a fortalecer el cumplimiento del Calendario de Vacunación Obligatoria en niños, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud, prevenir el resurgimiento de enfermedades erradicadas y consolidar la responsabilidad colectiva en salud pública.
La iniciativa destaca que la vacunación ha sido uno de los mayores avances de la humanidad, permitiendo controlar o erradicar enfermedades que durante siglos provocaron epidemias devastadoras. En Argentina, la vacunación es considerada un bien social, obligatoria, gratuita y prioritaria, según la Ley Nacional 27.491, vigente desde 2018 y reglamentada en 2023.
El legislador Javier Acevedo, autor del proyecto, advirtió sobre una preocupante caída en los niveles de vacunación infantil, especialmente en niños que ingresan a la escuela. En algunas localidades de Río Negro, durante 2024, el cumplimiento del calendario obligatorio descendió al 80%, lejos del 95% recomendado para garantizar la inmunidad comunitaria.
“Vacunarse y vacunar a los niños es una obligación para sí mismo y para con los demás. No hacerlo es una alta irresponsabilidad social. No nos encontramos ante una oposición ideológica, sino frente al incumplimiento de normas constitucionales y una Ley Nacional”, afirmó Acevedo.
Antecedentes judiciales y normativos
El proyecto se apoya en antecedentes judiciales y experiencias de otras provincias:
- Un fallo del Juzgado de Familia de Roca en 2024 ordenó la vacunación obligatoria de un recién nacido, priorizando el interés del niño y la salud pública por sobre la negativa de los progenitores.
- Provincias como Mendoza y Córdoba ya aprobaron iniciativas similares que refuerzan la obligatoriedad y control del calendario de vacunación.
Mecanismos de control y sanciones
Según la propuesta, todo agente público provincial que detecte la falta de vacunación de un niño deberá informar al Ministerio de Salud, que implementará estrategias para revertir la situación. Si la negativa persiste, se dará intervención a la Defensoría de Menores y al Juzgado de Familia correspondiente.
Además, el proyecto contempla sanciones económicas para padres, tutores o responsables que incumplan, con multas que no podrán ser inferiores al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia. En situaciones de insolvencia, se prevé la realización de trabajo comunitario en el ámbito de la salud pública.
“El derecho a la salud de los niños no puede quedar librado a decisiones individuales que ponen en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una opción personal, sino un deber parental y colectivo”, subrayó Acevedo.
Con esta iniciativa, el bloque busca garantizar la protección de la infancia y fortalecer la inmunidad comunitaria, asegurando que la vacunación cumpla su rol como herramienta esencial de salud pública.
Fuente: Medios.
