La Justicia rescinde el contrato con Trident y Neuquén queda habilitada para relicitar la mina de Andacollo

Una decisión judicial cambió el rumbo del conflicto minero: la magistrada María Soledad Casazza dio por terminado el vínculo entre Trident y Cormine, lo que permite a la Provincia avanzar hacia una nueva licitación del yacimiento. El gobierno anticipa pliegos más estrictos y mayor control estatal.

Una resolución clave de la Justicia comercial porteña dio un giro inesperado al conflicto por la paralización de la mina de oro de Andacollo, en el norte neuquino. La jueza María Soledad Casazza declaró resuelto el contrato entre Trident Southern Explorations de Argentina SRL y la empresa estatal Cormine, lo que habilita a la Provincia a volver a licitar el usufructo del yacimiento.

Brillo explicó que, tras el cambio de gestión, se decidió modificar la estrategia en el concurso de acreedores que Trident mantiene abierto desde 2020, con el objetivo de recuperar el control del yacimiento. En ese marco, tanto Cormine como Fiscalía de Estado impulsaron acciones para frenar el proceso de salvataje (o “cramdown”) en el que Eco Friendly SA, una firma hasta entonces desconocida, buscaba quedarse con el proyecto a través de un acuerdo con los acreedores. Finalmente, en octubre la empresa desistió, lo que dejó al concurso a las puertas de su etapa final: la declaración de quiebra y el remate de los bienes de Trident.

Con la rescisión del contrato de usufructo, la Provincia queda en condiciones de convocar a una nueva licitación y reactivar la mina, mientras continúa el reclamo por la deuda de la concesionaria saliente. 

Brillo adelantó que la próxima licitación tendrá requisitos más estrictos: Cormine asumirá un rol activo, similar al que hoy tiene GyP, y reforzará los controles ambientales. Si bien no hay fechas definidas, estimó que la convocatoria podría abrirse durante el primer trimestre del próximo año, un pedido en el que insiste el gobernador Rolando Figueroa.

En un acto reciente en Andacollo, Figueroa aseguró que la mina “se va a licitar como corresponde”, dirigida a empresarios con capacidad real de sostener la explotación. Según Brillo, ya hay interés de compañías “serias” y las perspectivas son favorables, porque aunque se trata de un yacimiento de escala pequeña a mediana, solo se ha explotado el 10% de sus reservas, las cuales están comprobadas.

Con la reciente decisión judicial, el Gobierno neuquino busca dejar atrás ese historial y encaminar la mina hacia una nueva etapa de explotación sostenible y bajo mayor supervisión estatal.

Fuente: Medios

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