La IGJ volvió a encender alarmas sobre la situación administrativa de la AFA. Su titular, Daniel Vitolo, aseguró que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia continúa bajo supervisión y que mantiene balances sin aprobar desde hace ocho años. El dato más fuerte pasó por los gastos que, según señaló, deben ser explicados: ciento once millones de dólares.
Vitolo explicó que la decisión de la AFA de mudar su sede legal a la provincia de Buenos Aires no está formalmente validada. Detalló que el cambio de jurisdicción no tiene efecto hasta que se cumplan pasos clave, como la reforma del estatuto y su aprobación judicial. Esos puntos todavía están pendientes y el organismo mantiene su potestad de control.
El funcionario sumó que la situación se agrava por otras causas judiciales. En ese marco mencionó -según trascendidos- las vinculaciones de Tapia con la financiera Sur Finanzas, denunciada por maniobras de presunto lavado, y una investigación sobre una mansión en Pilar valuada en diez millones de dólares. “Aquí se investigan posibles maniobras de lavado y el juez puede tomar medidas para preservar bienes y pruebas”, afirmó.
La crítica central pasó por las cuentas. Vitolo sostuvo que “la AFA tiene ocho años de inconsistencias contables” y que incluso celebró una asamblea fuera de la órbita del organismo sin la notificación correspondiente. Apuntó también a pagos a jugadores, gastos de hotel y aportes a FIFA y CONMEBOL por doce millones de dólares, todos movimientos que requieren detalle. “Tenemos que saber en qué se gastó ese dinero”, reclamó.
El dirigente de la IGJ amplió la mirada hacia la Superliga, que depende de la AFA. Planteó que la estructura debe justificar un gasto de trescientos cuarenta y ocho millones de dólares y advirtió que, si su función se limita a comercializar derechos, podría dejar de encuadrar como asociación sin fines de lucro. “No podemos aprobar estados contables si no informan qué recibió cada club”, agregó.
Vitolo aclaró finalmente que, aunque la AFA podría ser intervenida como cualquier asociación, ese escenario no está en estudio dentro del Ministerio de Justicia. Reiteró que la mudanza de jurisdicción no será validada mientras existan inconsistencias y remarcó que el organismo seguirá adelante con su tarea de supervisión.
Fuente: Medios
