La investigación por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén no solo dejó condenas penales: también reveló los largos recorridos de los funcionarios involucrados dentro de la administración pública. Durante el juicio, la coordinadora de Gestión de Recursos Humanos Centralizado, Paola Silvana Masino, expuso en detalle la vida laboral de los principales condenados: Abel Di Luca, Ricardo Soiza, Néstor Sánz y Marcos Osuna, todos con extensas carreras en distintos estamentos del Estado antes de ocupar cargos en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se concretó la defraudación.
Abel Di Luca ingresó al Estado el 11 de diciembre de 1986, durante el gobierno de Felipe Sapag. Desde entonces, acumuló una larga trayectoria que incluyó cargos directivos y asesorías en diversas áreas: Asuntos Municipales, Gobierno y Justicia, Seguridad, Prensa y Comunicación, Juventud y Deportes, y Jefatura de Gabinete.
En 2019 fue nombrado subsecretario de Desarrollo Social, y en 2021 ascendió a ministro, cargo que ocupó hasta octubre de 2022. Además, fue concejal capitalino por el MPN entre 2016 y 2019, período en el que tomó licencia sin goce de haberes.
Ricardo Soiza ingresó en 1998, también en tiempos de Felipe Sapag. Tras una licencia para trabajar en la Municipalidad de Neuquén, inició su recorrido por áreas sensibles como Energía, Desarrollo Social y Ambiente. En 2008 llegó al Ministerio de Desarrollo Social y desde allí construyó su camino hasta convertirse en director de Planes Sociales, rol que ocupó hasta octubre de 2022.
Néstor Sánz inició su vínculo con el Estado en 2003 como “práctica rentada” en la Secretaría de Estado. Pasó por Juventud y Deportes, el Ministerio de Trabajo y el de Gobierno y Justicia. Luego se incorporó a Desarrollo Social, donde llegó a dirigir el área de Fiscalización y obtuvo la planta permanente.
Marcos Osuna comenzó en 2006 en el Ministerio de Seguridad también como práctica rentada. Posteriormente pasó por la Secretaría de Trabajo antes de recalar en Desarrollo Social, donde ejerció funciones hasta quedar involucrado en la causa.
El resto de los involucrados: plantas permanentes, sumarios y retención de haberes
Otros empleados con menor recorrido también estuvieron implicados en la maniobra: Tomás Siegenthaler, Luis Gallo, Julieta Oviedo y Laura Reznik, quienes desarrollaron casi toda su carrera en Desarrollo Social. En 2023 fueron sometidos a sumarios administrativos, lo que derivó en la retención de sus sueldos y la suspensión de aportes. Reznik, además, obtuvo por vía judicial una orden para que el ISSN no suspendiera la cobertura de salud de su hijo.
A su vez, Alfredo Cury, con nueve años de antigüedad, transitó por Justicia, Desarrollo Social, Coordinación de Gabinete y Trabajo. Todos ellos podrían enfrentar la máxima sanción administrativa: la exoneración.
Partícipes primarios: el rol de quienes colaboraron en la maniobra
El tribunal también declaró responsables de administración fraudulenta agravada, pero como partícipes primarios, no como autores, a Isabel Montoya, Valeria Honorio, Emanuel Victoria Contreras, Osuna y Cury.
Montoya estuvo apenas cinco meses como contratada en 2022; Honorio ingresó en 2016 y fue dada de baja en 2021; Contreras ingresó en 2011 y renunció en 2022.
Para la fiscalía, todos los implicados eran funcionarios públicos cuando se cometieron las maniobras fraudulentas. La combinación de trayectorias largas, cargos estratégicos y responsabilidades funcionales fue clave para sostener la mecánica de la estafa dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
Fuente: Medios.
