La Cámara Segunda del Trabajo de Roca emitió dos sentencias de fuerte impacto institucional que refuerzan la protección del salario de las y los docentes rionegrinos. En ambos casos, trabajadoras afiliadas a UnTER denunciaron que los descuentos aplicados por convenios con entidades financieras absorbían por completo sus haberes mensuales, al punto de percibir liquidaciones en cero. Frente a estos planteos, el tribunal calificó la práctica como ilegal y ordenó limitar los descuentos al 33% del haber neto, una vez efectuadas las deducciones de ley.
Para sustentar su decisión, la Cámara recurrió a normas de máxima jerarquía, como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional y el Convenio 95 de la OIT. Todas estas disposiciones coinciden en que el salario es inembargable y no puede quedar comprometido para el pago de deudas más allá de un límite que garantice la subsistencia.
En este marco, los jueces consideraron que el 33% constituye el tope razonable y recordaron que la provincia de Río Negro cuenta con el Decreto 1485/18, que establece criterios similares. Sin embargo, su aplicación fue suspendida por el Decreto 1186/20 hasta que el sistema SIGES completara la información sobre agentes con códigos de descuento, una condición que lleva más de cinco años sin cumplirse. Para la Justicia, resulta inadmisible que esa suspensión siga vigente.
Con estos fundamentos, se ordenó al Ministerio de Educación liquidar los haberes de las docentes aplicando únicamente el descuento del 33% por los préstamos tomados y prohibir la continuidad de cualquier otro código que absorba la totalidad del salario. La resolución sienta un precedente relevante para la defensa de los derechos laborales y la dignidad salarial, impidiendo que convenios con entidades financieras vulneren la subsistencia de los trabajadores.
Los fallos también remarcan la prevalencia del derecho constitucional y convencional por encima de acuerdos administrativos o convenios privados. Y dejan planteado el debate sobre la necesidad de transparentar los mecanismos de gestión de haberes y control de descuentos dentro del Estado, para evitar que situaciones similares se reproduzcan en otros sectores de la administración pública.
Fuente: Medios
