Cuando el dolor se transforma en impulso de justicia, nada queda en pie sin estremecerse. Adriana Fabi, madre del joven policía Gabriel Mandagaray, presentó un pedido formal de juicio político contra cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ), a quienes acusa de encubrimiento, negligencia y parcialidad en la investigación por la muerte de su hijo durante un curso de entrenamiento policial en Bahía Creek.
El reclamo, ingresado ante el Consejo de la Magistratura, apunta directamente a los jueces Sergio Barotto, Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Cecilia Criado.
Fabi sostiene que los magistrados intervinieron para proteger a funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la cúpula policial, evitando que se profundizara la pesquisa sobre las responsabilidades políticas detrás del operativo que terminó con la muerte de Mandagaray, el 16 de abril de 2021, durante la gestión de Arabela Carreras, con Betiana Minor al frente de Seguridad y Osvaldo Tellería como jefe de Policía.
El punto de quiebre, según la madre del joven, fue la reciente decisión del STJ de apartar al juez Juan Pablo Chirinos, quien había imputado a varios funcionarios, entre ellos a la exministra Minor y al jefe Tellería.
“Esa decisión fue una maniobra para frenar la búsqueda de la verdad. No quieren que se sepa lo que realmente pasó con mi hijo”, expresó Fabi, quien desde 2021 viene denunciando irregularidades, silencios cómplices y maniobras dilatorias dentro del sistema judicial.
No es la primera vez que desafía a las estructuras del poder judicial, pero esta vez su reclamo tomó forma institucional y amenaza con abrir una grieta profunda en los tribunales rionegrinos.
Un curso de entrenamiento convertido en tormento
La muerte de Gabriel Mandagaray sigue rodeada de interrogantes y de un expediente cargado de testimonios estremecedores. El joven oficial participaba de una capacitación del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) junto a otros 26 uniformados. Según las denuncias, durante el entrenamiento fueron sometidos a tratos degradantes: los obligaron a comer excremento de animales, lanzarse a un tanque australiano con agua podrida y caminar casi 50 kilómetros sin hidratarse ni alimentarse.
Mandagaray murió tras ser obligado a ingresar al mar con uniforme, borceguíes y un tronco al hombro, a pesar de que no sabía nadar. En el lugar no había ambulancias, guardavidas ni medidas básicas de seguridad. Su cuerpo fue trasladado en la caja de una camioneta hasta el centro de salud más cercano, en El Cóndor.
Los altos mandos policiales habían firmado y autorizado el programa del curso, que debía contemplar condiciones de seguridad, alimentación e hidratación para los cursantes, algo que —según la familia y la investigación— nunca ocurrió.
A más de tres años del hecho, la causa Mandagaray sigue sin resolverse y con fuertes cuestionamientos sobre el accionar judicial.
Fuente: Medios.
