El proceso de licitación de las represas hidroeléctricas del Limay y Neuquén tomó un nuevo impulso tras las elecciones y la mejora en el clima financiero. Con nueve empresas en carrera, el Gobierno nacional confía ahora en superar los u$s 700 millones por las nuevas concesiones, una cifra superior a la prevista inicialmente.
El Ministerio de Economía lanzó el proceso con la meta de obtener u$s 500 millones por el control de cuatro complejos hidroeléctricos, Alicurá, El Chocón, Arroyito y Planicie Banderita, por un plazo de 30 años.
Sin embargo, el interés privado se multiplicó en las últimas semanas, impulsado por la baja del riesgo país y la posibilidad de acceder a financiamiento más barato.
Entre los oferentes aparecen tanto los actuales operadores, AES Argentina y Central Puerto, como nuevos jugadores de peso: Pampa Energía, Genneia junto a Aluar, y un conglomerado encabezado por la familia Neuss, Rubén Cherñajovsky, Luis Galli y el fondo Inverlat. También se presentó IPS Renewal, de origen guatemalteco, que busca desembarcar en el mercado energético argentino.
La licitación establece que ningún grupo podrá quedarse con más de dos represas, y exige solvencia patrimonial con garantías mínimas de u$s 100 millones. La próxima etapa definirá qué empresas superan la revisión técnica para avanzar a las ofertas económicas, previstas para el 28 de noviembre.
En el Palacio de Hacienda celebran el ingreso de nuevos actores al negocio energético y el potencial de la licitación para reforzar las reservas. “La expectativa es cerrar arriba de los u$s 600 millones y acercarnos a los 700 millones”, deslizan cerca del ministro.
El proceso no solo promete ingresos frescos para el Gobierno, sino que también consolida un cambio de tendencia: tras años de indefinición, las represas patagónicas vuelven a estar en el centro del interés inversor, con impacto directo en la generación eléctrica y la economía regional.
