Luego del anuncio realizado en septiembre ante productores, el gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto N°1303, que declara la emergencia hídrica y agropecuaria en toda la provincia de Neuquén, ante la profunda sequía que atraviesa el territorio desde hace varios meses.
La medida apunta especialmente a acompañar al sector ganadero, uno de los más afectados por la escasez de agua y pasturas que comenzó a evidenciarse durante el invierno y que podría agravarse en los próximos meses.
El decreto establece, por un lado, el “Estado de Emergencia Hídrica, Social y Productiva” por 180 días corridos, contados desde la firma de la norma y con alcance en todo el territorio provincial. La decisión se fundamenta en el estrés hídrico de todas las cuencas hidrográficas neuquinas.
Por otro lado, el Ejecutivo decretó la “Emergencia Agraria y/o Desastre Agrario por sequía”, también de carácter provincial, aunque con la excepción de los valles irrigados de Añelo y Confluencia, donde la disponibilidad de agua es mayor.
En este caso, la emergencia agraria tendrá vigencia de 18 meses a partir del 1 de enero pasado, con la posibilidad de una prórroga adicional de seis meses. El beneficio alcanzará a productores con certificado de emergencia o desastre, conforme lo dispuesto por la Ley 3117 y su decreto reglamentario N°143/19.
Beneficios y medidas para los productores
Entre los principales beneficios previstos por el Gobierno se incluyen:
- Exención del impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles donde se desarrollen explotaciones agropecuarias afectadas.
- Exención del impuesto de Sellos para contratos de arrendamiento rural.
- Suspensión de ejecuciones fiscales en curso o por iniciar para el cobro de impuestos provinciales adeudados durante el período de emergencia.
Además, el decreto autoriza la adquisición de bienes y recursos necesarios para atender la situación y dispone que los gastos se imputen a las partidas del Presupuesto General vigente.
La norma también crea un Comité de Emergencia Hídrica, Social y Productiva, integrado por los ministros de Economía, Producción e Industria; Energía y Recursos Naturales; Infraestructura; Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, junto a la Jefatura de Gabinete.
Este cuerpo tendrá la tarea de coordinar las acciones derivadas del decreto, definir prioridades y elaborar su propio reglamento interno de funcionamiento.
Fuente: Medios
