Presentaron un amparo colectivo contra la Andis por la quita de pensiones por discapacidad

Tres organizaciones de Bariloche vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, junto a dos damnificados de manera individual, presentaron una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Viedma contra la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La demanda apunta a frenar la suspensión de pensiones no contributivas y a restituir los beneficios dados de baja en la provincia.

El recurso fue firmado por la Asociación Civil Grupo Cre-Arte, la Asociación Civil El Brote y la Asociación Civil de usuarios, familiares y amigos “Camino Abierto”, además de dos ciudadanos de Viedma. La presentación, patrocinada por el abogado Juan Montecino Odarda, cuestiona la constitucionalidad del Decreto 843/2024, que regula las pensiones no contributivas por invalidez.

Según el escrito, la norma incorporó “recaudos y atribuciones violatorias y regresivas de los derechos adquiridos por las personas con discapacidad”, y exige que la Andis “readecúe sus procedimientos” de acuerdo a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

La medida busca frenar los efectos del Decreto 843/2024 y revertir las auditorías que dejaron a numerosas personas con discapacidad sin ingresos ni cobertura de salud.

En paralelo, se solicitó una medida cautelar innovativa para que se restituya de manera inmediata el pago de las pensiones suspendidas en Río Negro. Para efectivizarlo, la Andis debería entregar la nómina completa de los beneficiarios afectados en la provincia.

Desde Cre-Arte, su referente Luis Suero cuestionó que las auditorías impulsadas por la Andis “sólo tenían el objeto de quitar derechos a las personas con discapacidad”. Por su parte, Teresa Naón, de El Brote, advirtió: “Con apoyo moral no alcanza. Hoy hay personas en Río Negro a las que les bajaron injustamente las pensiones, están padeciendo por eso y no pueden pagar abogados”.

Los amparistas destacaron también el acompañamiento de la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) en la iniciativa judicial, que se formalizó el martes 23 de septiembre en el Juzgado Federal de Viedma.

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