El Senado comenzó a debatir este jueves el proyecto que busca establecer un régimen permanente para el sistema de discapacidad y reemplazar el esquema de emergencia que vence en diciembre. La iniciativa cuenta con el respaldo de distintos sectores políticos y constituye el principal punto de una sesión que también contempla otros proyectos.
La reunión comenzó pasadas las 11 y tiene entre sus temas el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la modificación de la Ley de Tierras para restablecer las restricciones sobre la propiedad privada y la denominada Ley Joaquín.

La propuesta sobre discapacidad lleva el nombre de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Su contenido reproduce prácticamente los beneficios previstos en la Ley 27.793, pero elimina la condición de emergencia y transitoriedad para convertirlos en disposiciones permanentes y de orden público.
Los principales puntos de la iniciativa
Uno de los aspectos centrales es la posibilidad de compatibilizar una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% de la jubilación mínima, con un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Para conservar ambos ingresos, los beneficiarios deberán percibir menos de dos salarios mínimos, vitales y móviles. La disposición alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El texto también mantiene el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC. A su vez, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes reciben la pensión.

En cuanto al financiamiento, fija que la partida presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.
La iniciativa incorpora además un esquema de auditorías periódicas que prevé el intercambio de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Ese mecanismo deberá respetar el principio del debido proceso inclusivo.

Por último, a pedido de los bloques aliados, se agregó una cláusula transitoria para establecer un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores. También fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Noticia en desarrollo…
Fuente: Medios

