El desarrollo de la minería en Argentina está condicionado por las restricciones que establecieron siete provincias a través de sus propias legislaciones. Se trata de Chubut, Tucumán, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Mendoza, que mantienen normas vigentes con distintas limitaciones a la actividad, desde la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto hasta la restricción de determinados productos químicos.
La diferencia entre las regulaciones provinciales responde al artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que los recursos minerales pertenecen a las provincias. De esta manera, cada jurisdicción tiene facultades para definir las condiciones de explotación dentro de su territorio.

Según los compendios oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación y los boletines provinciales, las leyes que restringen la actividad fueron sancionadas entre 2003 y 2011. Aunque tienen alcances diferentes, todas establecen límites a determinados proyectos mineros.
Chubut, la primera provincia en establecer restricciones
Chubut fue pionera en este tipo de regulaciones. En 2003 sancionó la Ley XVII Nº 68, conocida como Ley 5.001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en todo el territorio provincial.
La norma contempla la posibilidad de establecer una zonificación para delimitar áreas habilitadas para la actividad. En diciembre de 2021, la Legislatura aprobó un proyecto de ese tipo, pero lo derogó por unanimidad pocos días después, luego de una ola de protestas, represión e incidentes violentos, con epicentro en Esquel.

El debate volvió a aparecer este año, aunque el gobernador Ignacio Torres descartó reabrir la discusión. En marzo, afirmó: “No está en agenda volver a discutir la Ley 5001”.
Las provincias que restringen el uso de químicos
Tucumán, La Pampa, San Luis y Tierra del Fuego también tienen normas que limitan la actividad metalífera, aunque con diferencias en los métodos de extracción y las sustancias permitidas.
Tucumán sancionó en 2007 la Ley 7.879, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio.
Ese mismo año, La Pampa aprobó la Ley 2.349, con restricciones más amplias. La legislación impide la minería metalífera a cielo abierto y el empleo de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y cualquier otra sustancia química contaminante durante las distintas etapas del proceso.

San Luis, en cambio, centró su regulación en los productos utilizados para la extracción. La Ley IX-0634, sancionada en 2008, prohíbe el uso de sustancias químicas en los procesos metalíferos, independientemente del método elegido.
En Tierra del Fuego, la Ley 853 establece la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto y del uso de cianuro, mercurio y otros productos tóxicos.
Córdoba y la protección de las sierras
Córdoba estableció sus propias restricciones mediante la Ley 9.526, aprobada en 2008. La norma prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en toda la provincia y también la extracción de uranio y torio.
La legislación fue cuestionada judicialmente por la Cámara Empresaria de Minería de Córdoba (Cemicor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que solicitaron que fuera declarada inconstitucional.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia confirmó su validez. Los vocales consideraron que la norma protege el ambiente como “bien colectivo supremo” y señalaron que permite desarrollar explotaciones menos agresivas sobre el suelo cordobés.
Mendoza: restricciones y aprobación legislativa de proyectos
Mendoza tiene un esquema diferente al de las provincias que prohíben directamente determinados métodos de extracción. La Ley 7.722, sancionada en 2007, limita el uso de sustancias como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la actividad minera metalífera.
Además, establece que cada proyecto debe contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ratificada por la Legislatura provincial.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la norma, aunque declaró inválido su artículo 1° en el apartado que incorporaba la expresión “sustancias peligrosas” sin precisar cuáles eran.
La legislación volvió a quedar en el centro de la discusión con el proyecto PSJ Cobre Mendocino. El Senado provincial aprobó la ratificación de su Declaración de Impacto Ambiental por 29 votos a favor, seis en contra y una abstención.
Tras la votación, la senadora oficialista Natacha Eisenchlas sostuvo que la Ley 7.722 continúa vigente y aseguró que el proyecto no utiliza sustancias contaminantes.

Fuente: Medios

