El empresario Lázaro Báez fue imputado como presunto jefe de una organización criminal dedicada al lavado de activos, que habría continuado operando desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión.
La acusación fue formalizada durante dos audiencias judiciales realizadas en Santa Cruz, en el marco de una investigación que involucra a 16 personas distribuidas en dos expedientes conexos. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Báez habría utilizado a integrantes de su círculo íntimo para administrar bienes y poner en circulación fondos de origen ilícito, pese a las restricciones derivadas de su situación de detención.
La presentación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte. Los funcionarios expusieron los elementos de la investigación ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez.
Uno de los expedientes se concentra en movimientos económicos por un monto estimado de $390.880.000. Para los investigadores, el empresario habría dirigido las operaciones mediante comunicaciones telefónicas y con la colaboración de personas de su entorno, que se encargaban de gestionar los fondos y los bienes involucrados.
La fiscalía sostiene que el dinero era reinsertado en el circuito formal mediante transferencias fraccionadas entre cuentas bancarias de allegados y billeteras virtuales, con el objetivo de dificultar el rastreo de su procedencia. La calificación legal provisoria incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
La investigación también tiene un segundo expediente vinculado con una presunta organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la región. Esa causa alcanza a nueve acusados y, de acuerdo con la acusación, presenta conexiones logísticas con personas del entorno de Báez.
En el marco de las audiencias, el juez Claudio Marcelo Vázquez convalidó 12 detenciones con prisión preventiva y estableció medidas de coerción para los otros cuatro imputados. Además, fijó un plazo de dos años para la investigación, ordenó el embargo de los vehículos secuestrados y dispuso el levantamiento del secreto financiero.
Entre las principales pruebas incorporadas al expediente figuran intervenciones telefónicas y documentación secuestrada, elementos que permitieron reconstruir parte de los movimientos económicos y las presuntas conexiones entre los involucrados.
Con la formalización de las imputaciones, la causa avanza hacia una nueva etapa de investigación para determinar las responsabilidades penales de los acusados y el alcance de las maniobras denunciadas por la fiscalía.
Fuente: Medios
