La interna del Partido Justicialista (PJ) de Neuquén volvió a sumar un capítulo judicial y dejó otra vez en suspenso la definición de sus autoridades. Por segunda vez en pocas semanas, una reunión del Consejo Provincial quedó sin validez ante la Justicia electoral, en medio de una disputa entre los distintos sectores del peronismo que todavía no encuentra una salida.
El juez federal subrogante Gustavo Villanueva resolvió este martes que las decisiones adoptadas durante la reunión virtual del 13 de octubre “carecen de validez para el tribunal”. Aunque los cuestionamientos apuntan a irregularidades técnicas y formales en la grabación del encuentro, sus consecuencias profundizan el conflicto por la conducción partidaria.
El escenario genera preocupación de cara a las elecciones de 2027. Si el PJ no consigue normalizar su funcionamiento y presentar autoridades reconocidas judicialmente, podría quedar expuesto a una eventual intervención partidaria. Una posibilidad que también reconfiguraría la disputa interna, en la que aparece el sector de Cristina Fernández de Kirchner.
La reunión cuestionada se realizó a través de Google Meet y no habría cumplido con los requisitos establecidos por la Cámara Nacional Electoral para el funcionamiento virtual de los órganos partidarios. La modalidad remota, que se consolidó durante la pandemia, volvió a convertirse en un punto de conflicto dentro de un partido atravesado por fuertes enfrentamientos y dificultades para sostener instancias de diálogo presencial.
Partido Justicialista: el Google Meet les trajo problemas
La fractura interna del peronismo neuquino también se refleja en las dificultades para reunir a sus dirigentes en la sede partidaria de Roca 265. Los principales enfrentamientos se producen entre el sector del exsenador Oscar Parrilli y la conducción que ganó las elecciones internas del 15 de marzo, vinculada al gobierno provincial.
La resolución de Villanueva se suma a otro antecedente reciente: el juzgado electoral ya había declarado nula la reunión del Consejo Provincial del 24 de septiembre, en la que se había designado a Lucas Riquelme al frente del partido tras la suspensión de José “Turco” Asaad.
Aquella decisión también había generado controversias por el orden de sucesión dentro del Consejo. Riquelme ocupa la vicepresidencia segunda, mientras que quien reclamaba asumir la conducción era la vicepresidenta primera, Anahí Valdez.
Desde el oficialismo partidario argumentaron que habían perdido la confianza en Valdez, pese a que ambos sectores habían compartido la misma lista en las elecciones internas.
Lo que no quedó grabado para la Justicia
La Acordada 51/2020 de la Cámara Nacional Electoral, dictada durante la pandemia, habilitó a los partidos políticos a realizar reuniones virtuales, aunque estableció condiciones para garantizar su validez. Entre ellas, exige la grabación audiovisual completa de las sesiones y la elaboración de un acta que transcriba lo sucedido.
Al revisar los dos archivos de video presentados por el PJ neuquino, el juzgado detectó que no quedaron registradas dos instancias fundamentales: la votación sobre quién presidiría la sesión y el tratamiento y aprobación de las personas encargadas de firmar el acta.
Tampoco quedó documentado en la grabación el anuncio formal del retiro de los consejeros opositores que, según el acta, abandonaron el encuentro antes de su finalización.
El magistrado señaló que el primer archivo termina “intempestivamente” y que, cuando la grabación se reanuda en un segundo video, no se explica el motivo del corte ni se informa sobre la salida de los consejeros.
La consecuencia fue determinante: como no quedó registrado quiénes habían sido designados para firmar el acta, el documento presentado por el partido terminó suscripto por dos personas cuya designación no pudo acreditarse ante el tribunal. Por ese motivo, el juez consideró que el documento no reunía las condiciones necesarias para tener validez.
“No es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores”, comentó un dirigente, al parafrasear una conocida frase de Juan Domingo Perón.
La moderadora sin voz
Otro de los problemas señalados por el juzgado había sido advertido el 22 de octubre. Durante la primera parte de la reunión no se escucha a la persona encargada de administrar y moderar el encuentro.
El partido intentó justificar el inconveniente mediante un informe técnico presentado por su apoderada, Mariana Tranamil, el sábado 24 de octubre. Allí reconoció que la sesión había sido grabada con una herramienta de captura de Windows y que el micrófono del equipo anfitrión había quedado deshabilitado involuntariamente en la configuración del programa.
Por ese motivo, la voz de la moderadora, Juana Vázquez, no quedó incorporada al registro audiovisual. La explicación atribuyó el inconveniente a una contingencia técnica y descartó cualquier supresión deliberada o manipulación de la grabación.
Sin embargo, el juez consideró que el informe no resolvía las observaciones, sino que confirmaba la ausencia de un registro completo de la reunión.
El PJ también había atribuido algunos defectos a la compresión de los archivos antes de subirlos al sistema judicial y ofreció entregar el video original a través de Google Drive y en un pendrive. El tribunal rechazó ese argumento al señalar que ya contaba con los archivos originales y que las fallas estaban presentes en esas mismas grabaciones.
Once firmas recortadas
En un intento por respaldar la validez de la reunión, once consejeros presentaron una declaración jurada y una ratificación expresa de lo sucedido. Allí aseguraron que habían participado de manera ininterrumpida, con las cámaras encendidas, y que el acta representaba “un fiel e inalterado reflejo” de lo ocurrido.
Entre los firmantes figuraban Lucas Riquelme, Juana Vázquez y el consejero Gonzalo Bertoldi, mencionado en el documento por los problemas de conectividad que habría tenido durante la sesión.
La presentación invocaba artículos del Código Penal vinculados con el falso testimonio y la falsedad ideológica. También sostenía que el acta, la grabación general y las declaraciones constituían un “plexo probatorio inexpugnable”. Además, justificaba la reorganización de autoridades por la acefalía partidaria y el retiro voluntario de los consejeros opositores.
El juzgado tampoco consideró suficiente ese respaldo. Según la resolución, el documento presentado en formato PDF contenía imágenes de las firmas de los once consejeros, que habían sido recortadas individualmente e insertadas de manera digital. Ninguno de los firmantes había suscripto el documento de puño y letra.
La disputa también llegó al interior del propio Consejo Provincial. Anahí Valdez, vicepresidenta primera del organismo y presidenta del Consejo Local de Zapala, presentó una impugnación y un pedido de nulidad del acta del 13 de octubre, a través de Fabricio Torrealday.
En su planteo cuestionó que se hubiera modificado el orden del día para votar una presidencia de la sesión que, según sostuvo, no estaba prevista. También señaló que, durante la segunda parte de la grabación, el consejero Rubén Maluenda, quien compartía el espacio físico con Juana Vázquez, reconoció que había nueve integrantes presentes. Para Valdez, desde ese momento la reunión “carece de quórum legal”.
La dirigente también reclamó que se retomen las reuniones presenciales, una modalidad que, según indicó, había sido establecida como regla en abril.
El cuestionamiento de fondo apunta al mecanismo de sucesión. Valdez considera que la denominada “adecuación y reorganización de autoridades” fue una forma de evitar el corrimiento de cargos establecido por la Carta Orgánica partidaria y cuestionó la designación de Riquelme al frente del PJ.
Como antecedentes, recordó las sucesiones que se produjeron tras las renuncias de Nancy Parrilli y Darío Martínez. En el primer caso asumió Darío Martínez y, posteriormente, tras su salida, lo hizo María Elena Paladino. Ambos movimientos fueron avalados por la Justicia electoral.
Ante la proximidad de nuevas convocatorias electorales, Valdez consideró agotada la instancia partidaria y anticipó que llevará su reclamo ante la Justicia.
La herencia de las expulsiones y la disputa de poder
Detrás de los cuestionamientos técnicos a las reuniones virtuales existe una disputa más amplia por el control del PJ neuquino. La propia Justicia recordó que todavía está pendiente el cumplimiento de una resolución del 2 de octubre, que ordenó reorganizar los organismos partidarios afectados por las bajas de afiliados y presentar una nueva nómina de autoridades con los corrimientos o reemplazos correspondientes.
Esas vacantes se originaron en las expulsiones de afiliados que, durante las elecciones de 2023, participaron como candidatos de otras fuerzas políticas, en contradicción con lo establecido por la Carta Orgánica del partido. El proceso también tuvo un capítulo ante la Cámara Nacional Electoral a fines de septiembre.
Una parte importante de los dirigentes afectados pertenece al sector de José “Turco” Asaad, intendente de Vista Alegre, alineado con el gobierno de Rolando Figueroa y con dirigentes que actualmente ocupan cargos en la administración provincial.
Las vacantes generadas por las expulsiones y las modificaciones en la estructura partidaria abrieron una disputa por la sucesión que tiene como protagonistas a Lucas Riquelme y Anahí Valdez, quienes mantienen posiciones enfrentadas sobre cómo debe resolverse la conducción.
El calendario electoral agrega presión a un escenario que todavía no encuentra una salida. Sin autoridades reconocidas por la Justicia, el peronismo neuquino enfrenta dificultades para ordenar su funcionamiento interno, reorganizar sus órganos partidarios y preparar las definiciones de candidaturas y alianzas para 2027.
Fuente: Medios
