Un tramo de apenas 2,3 kilómetros de la Ruta Nacional 22, entre Chichinales y Cipolletti, concentra uno de los principales problemas de circulación del Alto Valle. En la zona de Puente 83, a pocos kilómetros de Cipolletti, el mal estado de las colectoras, los pozos y las demoras afectan a miles de conductores y generan pérdidas económicas que no aparecen en los presupuestos públicos.
Por ese sector circulan alrededor de 17.000 vehículos por día, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Vialidad Nacional correspondientes a 2025. Cerca del 40% del tránsito es pesado, una proporción que también refleja el movimiento vinculado con Vaca Muerta, tanto por el traslado de trabajadores como por la circulación de empresas que prestan servicios a la actividad hidrocarburífera.
El problema se agrava durante los horarios pico y los días de lluvia, cuando las colectoras se deterioran y la circulación se vuelve más lenta. La situación contrasta con el estado de la obra de ampliación de la Ruta 22, cuya ejecución quedó suspendida en 2022: buena parte de los carriles centrales de doble mano está terminada, pero todavía no fue habilitada al tránsito.
Los tramos terminados que siguen cerrados
En los 2,3 kilómetros de Puente 83, el sector del puente propiamente dicho, de unos 300 metros, permanece sin terminar. A eso se suma un tramo de aproximadamente 400 metros de los carriles centrales de la mano sur, donde falta completar el asfalto. El resto de la traza está concluido, aunque continúa cerrado y algunos conductores atraviesan sectores bloqueados para evitar las colectoras.
Según mediciones realizadas en el lugar, quienes utilizan esos tramos como atajo pueden recorrer los 2,3 kilómetros en unos cuatro minutos, incluso pasando por la doble vía central del puente. En cambio, quienes circulan por las colectoras pueden tardar el doble o más, dependiendo de la congestión y del estado del camino.
Entre las alternativas planteadas para mejorar la circulación aparece la posibilidad de habilitar los dos carriles de la mano norte, que ya están terminados, además de utilizar el tramo con asfalto nuevo previo al sector conflictivo, en sentido oeste-este. También se mencionan unos 600 metros posteriores al puente, antes de la conexión con el sector de autopista entre Fernández Oro y Allen.
Sin embargo, la apertura de esos sectores enfrenta obstáculos vinculados con la seguridad vial y la situación contractual de la obra.
El costo económico de las demoras
Un informe preliminar de evaluación económica elaborado por una consultora regional estima que las demoras ocasionadas por la falta de finalización de la duplicación de la Ruta 22, en el corredor entre General Roca y Neuquén, representan pérdidas millonarias para usuarios, empresas y la sociedad.
El documento señala que entre General Roca y Allen circulan unos 11.265 vehículos diarios, con un 38% de tránsito pesado. Entre Allen y Cipolletti, el promedio asciende a 17.100 vehículos por día, mientras que en los accesos a Neuquén los flujos oscilan entre 50.000 y más de 90.000 vehículos diarios.
Para realizar sus cálculos, el estudio tomó como referencia un promedio de 30.000 vehículos por día y aclaró que se trata de una estimación conservadora, ya que el volumen real podría ser superior.
Sobre esa base, calculó que las demoras generan un costo de aproximadamente US$ 48.600 diarios, equivalente a cerca de US$ 17,7 millones al año. La estimación no contempla los gastos asociados a los siniestros viales ni el deterioro de la infraestructura, dos factores que podrían incrementar las pérdidas.
El informe también analizó distintos escenarios según el tiempo de demora evitable. Con cinco minutos menos de circulación, el costo anual superaría los US$ 10 millones, mientras que con demoras de 15 minutos alcanzaría unos US$ 24,6 millones. Si las condiciones se mantienen, las pérdidas acumuladas rondarían los US$ 53 millones en tres años, US$ 89 millones en cinco y US$ 177 millones en una década, sin considerar el crecimiento del tránsito.
Frente a estas cifras, el estudio plantea que completar la obra debe evaluarse como una inversión. A modo ilustrativo, sostiene que una inversión pendiente de US$ 50 millones podría recuperarse en menos de tres años gracias al ahorro económico generado, mientras que una de US$ 100 millones demandaría unos cinco años y medio. Como referencia, dos empresas constructoras indicaron que el costo de un kilómetro de asfalto con ambas manos ronda el millón de dólares.
Por qué no se habilitan los sectores terminados
El ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, explicó que la apertura de los tramos concluidos no es viable en las condiciones actuales, tanto por cuestiones de seguridad vial como por la situación legal de la obra.
El funcionario señaló que la jurisdicción continúa bajo responsabilidad de Vialidad Nacional y de la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por CPC y CN Sapag, que mantienen las obligaciones legales sobre el tramo mientras siga vigente el contrato de ampliación.
Echarren sostuvo que habilitar la traza central exigiría anular los cuatro cruces que existen actualmente en ese sector. “Así no lo podemos habilitar”, afirmó.
El ministro también indicó que existen contactos con CN Sapag para avanzar en una negociación que podría permitir que la empresa participe posteriormente en la finalización de los trabajos. Según explicó, a principios de noviembre se cumpliría el plazo de 60 días previsto para cerrar los contratos vigentes, aunque hasta el momento no habían recibido novedades de Vialidad Nacional sobre el avance del trámite.
La Provincia busca intervenir en las colectoras
El Gobierno de Río Negro prevé firmar el 29 de octubre en Buenos Aires el traspaso de tres sectores viales: el tramo de la Ruta 22 entre Río Colorado y Choele Choel, el comprendido entre Choele Choel y Chichinales, y la Ruta 151 desde el kilómetro 109 hasta el límite con La Pampa.
Además, busca acordar un convenio tripartito que permita a la Provincia intervenir en las colectoras de Puente 83. El plan contempla repavimentar unos 400 metros de cada mano y corregir el desnivel existente sobre el puente.
La intención es que los trabajos comiencen durante la segunda quincena de noviembre. Mientras tanto, el Gobierno provincial analiza otras alternativas para agilizar la circulación en ese punto, aunque la posibilidad de habilitar los carriles centrales continúa condicionada por las cuestiones técnicas y contractuales.
Las intervenciones previstas en Puente 83 y otros sectores conflictivos de las rutas 22 y 151 contarían con recursos provenientes de un acuerdo con la empresa Oldelval, que aportará US$ 4,6 millones para el desarrollo territorial en el marco de la construcción del oleoducto Duplicar Norte. También se gestiona un crédito de US$ 60 millones con el banco de desarrollo Fonplata para financiar obras viales.
Reclamos para destrabar la circulación
Entre los usuarios frecuentes del sector crece el reclamo para encontrar una solución que reduzca los tiempos de viaje y el desgaste de los vehículos. Fuentes consultadas que utilizan diariamente el tramo por motivos laborales y comerciales consideran necesario avanzar en una decisión que permita mejorar la circulación para los miles de conductores afectados.
También plantean la posibilidad de abrir una instancia de negociación que incluya a los vecinos del barrio Puente 83, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan destrabar el tránsito sin descuidar la seguridad vial.
Mientras se define el futuro de la obra, Puente 83 sigue siendo un punto crítico de la Ruta 22, donde la infraestructura inconclusa, las dificultades de circulación y las responsabilidades contractuales se combinan con un costo económico que, según el informe, se acerca a los US$ 50.000 por día.
Fuente: Medios.
