La Unión Cívica Radical (UCR) reclama modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027 para respaldar su aprobación en la Cámara de Diputados. Entre sus principales exigencias figuran el refuerzo de las partidas destinadas a las personas con discapacidad y el mantenimiento de la actualización automática por inflación de las asignaciones sociales, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la ayuda escolar.
Los seis diputados radicales son relevantes para las negociaciones que lleva adelante La Libertad Avanza (LLA), que busca sancionar el presupuesto el 18 de noviembre. La bancada, presidida por Pamela Verasay, mantiene vínculos políticos con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo, de Mendoza; Leandro Zdero, de Chaco; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes, además del mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, del PRO.
En materia de discapacidad, los legisladores radicales respaldan el dictamen de mayoría que mantiene el nomenclador nacional y establece un mecanismo permanente de actualización de las prestaciones, además de contemplar las pensiones no contributivas por invalidez. Por ese motivo, reclaman eliminar del proyecto presupuestario los artículos que modifican la legislación vigente e incorporar las disposiciones del dictamen junto con los fondos necesarios para cumplirlas.
El planteo también cuenta con el respaldo de otros bloques de Fuerzas del Cambio, el PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Por Santa Cruz. La discusión se produce después de que el Gobierno incluyera cuatro artículos que modificaban puntos centrales de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026. Ante el rechazo opositor, el oficialismo analiza cambios para sostener parte de las disposiciones cuestionadas.
La iniciativa también contempla un impacto fiscal estimado en 600.000 millones de pesos para 2027, por lo que los legisladores reclaman reforzar las partidas correspondientes. El proyecto presupuestario prevé 7,25 billones de pesos para el área, de los cuales 6,094 billones se destinarían a pensiones no contributivas por invalidez laboral y 1,1 billones a la atención médica de sus beneficiarios.
Otro de los puntos centrales de la negociación es la actualización por inflación de las asignaciones sociales. El Poder Ejecutivo propone eliminar el mecanismo automático de movilidad que alcanza a la AUH, la AUE y la ayuda escolar, una medida que la UCR busca revertir. Según los datos incluidos en el planteo, el Estado destina alrededor de 9,18 billones de pesos al pago de estos beneficios, que alcanzan a más de 4 millones de personas.
En el ámbito educativo, los diputados radicales esperan las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, antes de definir su posición sobre los recursos destinados a las universidades. El presupuesto prevé 7,3 billones de pesos para el sector, mientras que las instituciones reclaman 11 billones.
Por su parte, el diputado del MID Eduardo Falcone pidió incorporar al presupuesto las disposiciones del dictamen de mayoría sobre discapacidad y reforzar las partidas para cumplir con la normativa. También solicitó aumentar los fondos de las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico del país.
Falcone sumó reclamos por obras viales. Solicitó partidas presupuestarias y la reasignación de fondos remanentes de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para reactivar la construcción de la autovía en el tramo Mercedes-Suipacha, con continuidad hacia Bragado. Además, pidió reactivar y finalizar los 27 kilómetros de la Ruta Nacional 3 entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.
Las negociaciones continuarán en Diputados, donde el oficialismo necesita reunir los votos para avanzar con el Presupuesto 2027. La posición de la UCR estará condicionada por la respuesta del Gobierno a sus pedidos de mayores recursos para discapacidad, la continuidad de los mecanismos de actualización de las asignaciones sociales y el financiamiento de áreas educativas y de infraestructura.
Fuente: Medios
