El Gobierno nacional busca revertir la decisión judicial que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y presentó una apelación contra el fallo que declaró inconstitucional el decreto que frenaba su aplicación.
El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano contra la resolución del juez Martín Cormick, quien dejó sin efecto el Decreto 759/2025 al considerar que provocaba un “gravamen irreparable”.
En su presentación, el Poder Ejecutivo sostuvo que la sentencia genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”. Además, cuestionó los argumentos utilizados por el magistrado y afirmó que la resolución ordena ejecutar la ley a partir de una interpretación “arbitraria y fragmentaria” del régimen presupuestario vigente.
El Gobierno también planteó que el fallo no respondió de manera adecuada a las principales defensas que el Estado nacional había presentado durante el proceso judicial.
Otro de los ejes de la apelación es el impacto económico que tendría la aplicación de la normativa. Según el Ministerio de Capital Humano, el cumplimiento de la ley “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”.
En ese sentido, el Ejecutivo cuestionó que la sentencia no identifique una “fuente de financiamiento específica y suficiente” para afrontar las obligaciones previstas en la ley. Con estos argumentos, busca revertir el fallo que dejó sin efecto el decreto y ordenó avanzar con el financiamiento universitario.
Fuente: Medios
