La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó por unanimidad el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, y sobreseído a un adolescente de 14 años acusado por tentativa de robo.
La resolución fue respaldada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quienes cuestionaron la decisión de primera instancia.
Además de dejar sin efecto la sentencia, la Sala III dispuso el apartamiento de De Marinis del expediente. De esta manera, la causa contra el adolescente continuará bajo la intervención de otro magistrado.
Qué dijeron Jorge Macri y Patricia Bullrich
Tras conocerse la resolución, Jorge Macri manifestó en sus redes sociales que el fallo de la Cámara representa, según su interpretación, “un necesario freno al garantismo judicial”.
“La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño al referirse a la actuación de la jueza.
Por su parte, Bullrich destacó la resolución de la Cámara y cuestionó el criterio adoptado en primera instancia.
“Lo que no contempla la ley es que una jueza elija qué leyes aplicar según su ideología. Las víctimas no eligieron ser víctimas; quien comete un delito debe responder ante la Justicia”, afirmó la senadora.
Los argumentos de la Cámara
La decisión de la Sala III fue firmada de manera unánime por los jueces Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza.
Mahiques sostuvo que el control de constitucionalidad no habilita a los jueces a reemplazar las decisiones de política criminal adoptadas por el Congreso Nacional.
En tanto, Franza calificó la actuación de De Marinis como un “claro supuesto de arbitrariedad y extrema gravedad institucional” y consideró que la Ley 27.801 no entra en conflicto con normas constitucionales ni convencionales.
El tribunal también sostuvo que la magistrada había incurrido en un “adelanto de opinión” respecto de la conducta de los menores imputados. Según la Cámara, esa circunstancia afectó el principio de imparcialidad necesario para que continuara interviniendo en el expediente.
Fuente: Medios
