El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece un nuevo régimen de sanciones para personas y empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y amplía el alcance del régimen vigente desde 2011, que estaba concentrado principalmente en las actividades hidrocarburíferas. El nuevo esquema contempla distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables.
El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. El texto establece multas que podrían equivaler a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos. También contempla inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para quienes desarrollen actividades alcanzadas por la normativa.
Las sanciones se endurecen cuando se trata de la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. En esos casos, las penas previstas van de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, el proyecto establece condenas de entre 15 y 20 años.
Las multas podrían llegar, en determinadas situaciones, al equivalente de tres millones de barriles de petróleo. El régimen también alcanza a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales cuando tengan conocimiento de que serán utilizados para desarrollar las actividades prohibidas.
Para esos proveedores, la iniciativa contempla penas de entre cinco y siete años de prisión. Las empresas involucradas también podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades, contratar con el Estado o acceder a permisos y beneficios durante el período establecido.
Entre las sanciones previstas se encuentran la revocación de habilitaciones y la suspensión de actividades por hasta 30 años. En determinados casos, además, podría disponerse la disolución o liquidación de las sociedades responsables.
El proyecto incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina.
Además, la iniciativa crea un Sistema de Seguridad Nacional destinado a coordinar acciones diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas y de defensa, junto con tareas de inteligencia y protección de infraestructuras consideradas críticas.
El órgano encargado de coordinar ese sistema será el Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.
El proyecto también establece procedimientos para responder ante aeronaves consideradas hostiles y contempla diferentes medidas de intervención en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre. En el caso de los buques, el texto prevé un esquema que incluye advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización, siempre que previamente se hayan agotado alternativas menos lesivas.
El hundimiento quedaría reservado como una medida militar excepcional frente a un buque considerado hostil y requeriría autorización presidencial. A su vez, la iniciativa prohíbe utilizar esa medida contra embarcaciones civiles como sanción o mecanismo policial. Con el proyecto ya ingresado en la Cámara de Diputados, comenzará ahora la etapa de negociación parlamentaria para definir su tratamiento y el cronograma de las comisiones que participarán del debate.
Fuente: Medios
