En cuarenta y ocho horas, la Secretaría de Prensa provincial publicó tres comunicados que, leídos juntos, arman un relato deliberado para el 122° aniversario de la capital: la obra educativa en la ciudad, la estructura del gasto provincial y un gobernador inaugurando una fábrica en Plaza Huincul. No hay nada reprochable en eso, todo gobierno ordena su vidriera, y esta gestión la ordena mejor que la mayoría. Lo que corresponde del otro lado del mostrador es preguntarse qué la sostiene.
Los números del Ministerio de Economía, Producción e Industria son sólidos. Al cierre de julio los ingresos corrientes habían crecido 18% en términos reales y los gastos corrientes apenas 7,8%; la obra ejecutada subió 28% real y la provincia registró un superávit financiero de 200.000 millones de pesos, equivalente al 4% de los ingresos totales. En un país donde varias provincias todavía discuten cómo pagar sueldos, el dato merece reconocimiento. Pero conviene leer el renglón de al lado: entre enero y julio la producción de petróleo creció 31%, la de gas 6% y más del 84% de los ingresos corrientes son de origen provincial. Hay prudencia administrativa, sin dudas. También hay un barril que empuja. Confundir una cosa con la otra es el error más caro que puede cometer una provincia petrolera, y tenemos medio siglo de ejemplos propios para no cometerlo de nuevo.
El dato del 82% del gasto en personal destinado a Salud, Educación y Seguridad se presenta como prueba de prioridades, y algo de eso hay. Pero mide insumos, no resultados. Dice cuánto se paga y a quién, no dice cuántos días de clase efectivos tuvieron los chicos este año, cuánto demora un turno con un especialista en el interior ni qué pasó con los tiempos de respuesta policial en los barrios. El salario docente más alto del país es un logro de gestión y un argumento político legítimo, aunque debe ser pensado como piso y no como techo. La discusión que falta es la del rendimiento de cada peso.
Con la obra escolar pasa algo parecido. El listado de la capital impresiona: una nueva EPET en el oeste por 12.285 millones de pesos, un CPEM en Z1, la ampliación de la EPET 17, el edificio propio del IFD N° 4 y decenas de primarias, jardines y CPEM intervenidos. La decisión más inteligente está en la letra chica del balance provincial: de los 100.000 metros cuadrados de obra educativa en ejecución, 65.000 corresponden a escuelas técnicas. Eso es leer bien la demanda de Vaca Muerta y de la industria que completa el ecosistema. Ahora bien, dieciséis talleres vacíos no forman a nadie: la obra sirve si llega con equipamiento, con cargos cubiertos y a término. Metros cuadrados licitados y metros cuadrados funcionando son dos noticias distintas, y solo una de las dos se puede inaugurar.
La más relevante de las tres novedades es, curiosamente, la que menos volumen tuvo. En el parque industrial de Plaza Huincul se puso en marcha una planta de tuberías flexibles para la industria hidrocarburífera, impulsada por los grupos Plastiferro y Andreani, que —según admitió el propio Andreani— iba a instalarse en San Luis y terminó en Neuquén. Treinta años después de la privatización de YPF y de la pueblada que definió a la comarca, Cutral Co y Plaza Huincul vuelven a discutir industria y no subsidios. Eso es lo que hay que mirar: capital privado, valor agregado y empleo que no depende exclusivamente de un pozo. Figueroa lo resumió en el acto de presentación con una frase que vale más que la inauguración: hay que ordenar, dijo, “pero para redistribuir”. Y agregó el diagnóstico correcto sobre el GNL: si el gas no se coloca a buen precio nadie lo compra, si nadie lo compra nadie lo produce, y sin producción no hay trabajo. La competitividad dejó de ser un tema de seminario para volverse el único tema.
De modo que el superávit no es un logro en sí mismo: es una opción que la provincia definió con rumbo. Habrá tres maneras de saber si el camino es acertado. La primera, que la obra anunciada se termine, se equipe y se use, y que exista un tablero público donde cualquier vecino pueda verificarlo. La segunda, que la estructura del Estado no crezca al ritmo de la regalía, porque el gasto que se crea en la bonanza se paga en la caída. La tercera, que esquemas como el de las empresas anticipando fondos para rutas —que el gobernador definió como un “win-win”— tengan reglas escritas, licitación y control, para que la cooperación público-privada no derive en privilegio. Las tres noticias de esta semana son el punto de partida de la conversación, no su conclusión. Y en el aniversario de una ciudad que creció al ritmo de lo que se saca del subsuelo, la pregunta sigue siendo la misma de siempre: qué queda arriba cuando abajo se termine.
