Casi 28 hectáreas ubicadas entre las calles Crouzeilles, Punta Indio y Carhué, en Valentina Norte, quedaron en el centro de uno de los conflictos por tierras más complejos de Neuquén. El predio pasó durante años por ventas, cesiones y ocupaciones hasta que la Justicia determinó que, en realidad, se trataba de una herencia vacante.
El terreno está ocupado actualmente por construcciones en diferentes etapas, lotes fraccionados y carteles que anuncian propiedades privadas. También existe allí una vivienda perteneciente a la Mutual Policial de Neuquén. Sin embargo, la mayor parte del predio quedó bajo la órbita del Consejo Provincial de Educación (CPE) luego de que la Justicia declarara vacante la sucesión.
La historia se remonta a la muerte de Hugo Tonca, un hombre que no tuvo hijos y que había estado casado antes de convivir con otra mujer durante sus últimos años de vida.
Una sucesión que terminó anulada
Tras la muerte de Tonca, su primera esposa fue declarada heredera. Con ese reconocimiento, comenzó a disponer de las tierras: vendió una parte a la Mutual Policial, acordó con la concubina del fallecido y cedió otras fracciones como forma de pago de honorarios a distintos abogados que participaron del expediente.
El escenario cambió cuando otra mujer se presentó en la sucesión y acreditó que el divorcio entre Tonca y su primera esposa había ocurrido antes de su fallecimiento. Por ese motivo, la declaratoria de herederos original carecía de sustento.
El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén anuló entonces lo actuado y declaró vacante la herencia. Este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso contra esa decisión, por lo que el fallo quedó firme.
Por qué las tierras quedaron para el CPE
La situación está contemplada por la legislación provincial. La Ley 242, que regula la creación del Consejo Provincial de Educación, establece en su artículo 28 que las herencias declaradas vacantes pasan al patrimonio del organismo.
En el caso de Tonca, el CPE primero asumió la función de curador de los bienes y, una vez canceladas las obligaciones correspondientes a la sucesión, quedará como titular definitivo del predio.
Existe una excepción: una fracción de aproximadamente cinco hectáreas adquirida por la Mutual Policial. En marzo de 2022, el TSJ validó esa operación y reconoció la titularidad de la entidad sobre ese sector, pese a haber dejado sin efecto el resto de las operaciones realizadas por quien había sido reconocida inicialmente como heredera.
Qué pasará con las familias que ocupan el terreno
La declaración de vacancia no resolvió todos los problemas. Durante los años en que la falsa heredera figuró como propietaria, algunas personas y desarrolladoras inmobiliarias adquirieron terrenos de buena fe, sin conocer la irregularidad que posteriormente dejaría sin efecto esos títulos.
A esto se sumaron nuevas ocupaciones que no necesariamente están relacionadas con aquellas operaciones. En el predio hay viviendas en construcción, terrenos delimitados y carteles que ofrecen lotes en venta.
Por eso, el CPE analiza cada situación de manera individual y no contempla, al menos por ahora, un desalojo generalizado.
Quienes puedan demostrar buena fe, documentación y una posesión prolongada podrían eventualmente iniciar o sostener reclamos de usucapión. En cambio, quienes no puedan acreditar una posesión real o no hayan construido en el lugar quedarían más expuestos a un desalojo.
Para determinar la situación de las familias, el organismo solicitó un relevamiento al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).
El objetivo no es únicamente ordenar la situación dominial. El Gobierno provincial también analiza destinar parte de las tierras a viviendas para docentes, una posibilidad que incrementa la presión para definir el futuro del predio.
Un nuevo juicio por una parte de las tierras
Otro de los conflictos se desarrolla en el ámbito civil. Una empresa, HERDPROP S.A.S., inició un interdicto de recobrar contra un particular por una parte del terreno. El CPE se presentó en el expediente como tercero y pidió que fueran rechazadas las pretensiones de ambas partes.
El organismo sostuvo que se trata de “dos partes que se disputan algo ajeno”, debido a que ninguna de ellas tendría, según su planteo, un derecho consolidado sobre el inmueble.
HERDPROP fundamentó su reclamo en una cesión de derechos posesorios realizada por una persona que, de acuerdo con lo incorporado a la causa, atravesaba un grave cuadro de salud al momento de la firma.
La otra parte sostiene que su familia mantiene una posesión pacífica del lugar, aunque en el expediente también aparecen referencias a denuncias penales por presuntas estafas y cesiones cuestionadas. Esas acusaciones no implican una condena y deberán ser acreditadas judicialmente.
Además, una demanda de usucapión que HERDPROP había iniciado contra el CPE terminó en febrero de este año con una declaración de caducidad de instancia, sin que la empresa lograra obtener el reconocimiento del derecho que pretendía.
Sobre el inmueble también pesa desde septiembre de 2023 una prohibición de innovar, dictada para evitar nuevas modificaciones en la posesión o en el estado del terreno mientras continúan las actuaciones judiciales.
El CPE busca recuperar el control del predio
Con el fallo del TSJ firme tras la intervención de la Corte Suprema, el CPE enfrenta ahora dos desafíos: consolidar su titularidad sobre las tierras y resolver, uno por uno, los reclamos y situaciones de quienes ocupan distintos sectores.
Entre las alternativas que analiza el organismo aparece el amurallamiento del predio, con el objetivo de impedir nuevas ocupaciones.
Mientras tanto, el IPVU mantiene el interés en utilizar parte de esas tierras para viviendas destinadas a docentes y, en el terreno, continúan apareciendo nuevas construcciones.
Así, casi 28 hectáreas de Valentina Norte quedaron atrapadas entre una sucesión anulada, ventas realizadas durante años, reclamos de particulares y nuevas ocupaciones. Una tierra que durante décadas tuvo múltiples supuestos dueños y que ahora, por decisión judicial, tiene un único heredero: el Estado provincial a través del CPE.
Fuente: Medios
