La causa federal por la desaparición del joven de Picún Leufú, que ya llevó a juicio a 19 personas señaladas como integrantes de un “aparato de violencia organizado” que operaba en el boliche Las Palmas, sumó una segunda investigación. Esta vez, el foco está puesto en quienes tenían a su cargo la búsqueda de Sergio y en las decisiones adoptadas durante los primeros años de la causa.
Los abogados querellantes Sergio Heredia y Leandro Aparicio, representantes de Asunción Ávalos, padre del joven, consideran que existen elementos suficientes para profundizar la actuación de funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Neuquén y de integrantes de la Policía provincial.
Entre los nombres que aparecen bajo análisis se encuentra el de la entonces fiscal Sandra González Taboada y distintos integrantes de la fuerza, desde las autoridades de Seguridad Personal hasta otros efectivos que participaron de las primeras medidas.
“Estoy podrido, es grotesco lo que hicieron Taboada, el gobernador, la Policía, lo cual es materia de investigación”, afirmó Aparicio. Según explicó, la querella realizó un trabajo de reconstrucción de las actuaciones para determinar qué ocurrió con cada una de las piezas que conformaron la investigación.
La causa federal, a cargo de la fiscal Luisina Tiscornia, ya citó a declaración indagatoria a Osvaldo Almendra, quien en 2003 era comisario del Departamento de Seguridad Personal, y a Gustavo Javier Delaloye, entonces oficial principal de esa dependencia.
También fueron alcanzados por la investigación Juan Carlos Lezcano, jefe de la Policía; José Rosas Orellana, subjefe hasta diciembre de 2003; Walter Néstor Cofré y Julio Alberto Trepat, quienes asumieron posteriormente como jefe y subjefe, además de otros efectivos y funcionarios policiales.
La pista de la Triple Frontera
Uno de los episodios que la querella pretende reconstruir es el viaje de Asunción Ávalos hacia la Triple Frontera, realizado a partir de una supuesta pista que indicaba que Sergio podía encontrarse en esa zona.
“Buscamos puntualizar quién dio el auto, quién dio los recursos para que Asunción se vaya a la Triple Frontera por una supuesta pista de que Sergio podía estar ahí”, explicó Aparicio.
Para los abogados, esa decisión se originó en una hipótesis que consideran falsa: que Sergio había abandonado el boliche Las Palmas la madrugada del 14 de junio de 2003.
Según sostuvo el querellante, esa posibilidad no estaba respaldada por suficientes testimonios. En particular, cuestionó el valor otorgado al relato de una mujer que vendía diarios y que, de acuerdo con la reconstrucción de la querella, tenía contacto habitual con integrantes de la Policía. “Un testimonio flojito como para que la fiscal y todos los funcionarios lo hayan buscado afuera del boliche y hasta de la provincia”, cuestionó.
El expediente contiene una comunicación del 5 de septiembre de 2003 en la que Seguridad Personal informa que, según datos recibidos de la fiscal Taboada, Sergio estaría con vida, sería utilizado como “mula” en la zona de la Triple Frontera, tendría una identidad falsa y estaría bajo amenaza de muerte.
La querella también puso bajo la lupa la forma en que se financió aquel viaje. Asunción no fue trasladado en un vehículo oficial y los fondos utilizados habrían salido de una caja reservada de la Jefatura de Policía, cuyos movimientos no requerían rendición de cuentas. Los abogados sospechan además que pudo haber existido dinero proveniente de Las Palmas.
La relación entre Taboada y el padre de Sergio
Otro de los aspectos que busca revisar la querella es el vínculo que la fiscal Taboada mantuvo con Asunción Ávalos durante los primeros meses de la investigación.
Aparicio recordó una frase que, según relató, la fiscal le habría dicho al padre de Sergio: “No ponga ningún abogado, confíe en mí”. El querellante consideró que esa situación terminó dejando a la familia sin un acompañamiento legal independiente durante una etapa crucial de la búsqueda.
En 2022, Asunción Ávalos recordó que la Policía le había instalado la idea de que su hijo había sido captado por una organización que trasladaba jóvenes hacia la Triple Frontera.
La querella considera que esa hipótesis terminó desviando la investigación de Las Palmas, lugar donde Sergio fue visto por última vez.
Las Palmas, en el centro de la investigación
Para los abogados, una de las principales falencias de la investigación original fue no haber profundizado durante años en lo que sucedía dentro del boliche Las Palmas.
Al reconstruir el funcionamiento del lugar, encontraron registros de numerosos episodios de violencia protagonizados por empleados de seguridad. Parte de esa información surgió de un libro de actuaciones del local, al que Aparicio describió como “la caja negra del boliche”.
En sus páginas aparecen fechas, nombres y situaciones ocurridas durante distintas noches. La querella comenzó a localizar a las personas mencionadas en esos registros y obtuvo testimonios sobre golpizas y otros episodios de violencia dentro del establecimiento.
Según Aparicio, ese material permitió reconstruir el sistema de seguridad del boliche y determinar que existía una dinámica violenta que, a su entender, no fue investigada de manera suficiente durante los primeros años. “Nadie hace las cosas tan mal porque sí, es encubrimiento”, afirmó el abogado.
Otro de los interrogantes centrales es qué ocurrió con la videocasetera que registraba las imágenes del boliche durante la madrugada en la que desapareció Sergio. La querella busca determinar por qué las grabaciones se interrumpieron y si el equipo fue retirado, cambiado o manipulado.
Más de 100 testimonios y una causa que sigue abierta
Los abogados ingresaron formalmente a la causa en 2019 y desde entonces reunieron más de un centenar de testimonios y nuevos elementos que, según consideran, permiten revisar la investigación original.
Las indagatorias previstas para septiembre de los exjefes de Seguridad Personal fueron postergadas. Mientras tanto, la querella avanzó con su presentación formal en la nueva investigación, luego de que Asunción Ávalos otorgara la representación correspondiente.
En paralelo, la causa principal por la desaparición forzada de Sergio Ávalos continúa su camino hacia el juicio contra 19 imputados, entre ellos el propietario de Las Palmas, Pedro Nardadone, y su encargado, Patricio Sesnich. El Tribunal de Juicio deberá definir la fecha del debate, que podría realizarse hacia fin de año.
A más de dos décadas de aquella madrugada del 14 de junio de 2003, la familia Ávalos sostiene que la búsqueda no termina con establecer qué ocurrió dentro de Las Palmas. Para la querella, también es necesario determinar qué hicieron —y qué dejaron de hacer— quienes tenían la obligación institucional de encontrar a Sergio.
Fuente: Medios
