Después de varias demoras, la causa por la presunta utilización de certificados médicos falsos por parte de empleados estatales de Río Negro tendrá este viernes su primera audiencia efectiva de formulación de cargos. El proceso judicial comenzará más de dos años después de la denuncia que dio origen a la investigación.
La audiencia había sido convocada inicialmente para el 4 de junio, pero el juez de Garantías Adrián Dvorzak decidió suspenderla debido a la imposibilidad de llevar adelante en una misma jornada las imputaciones contra las 119 personas acusadas. Por ese motivo, estableció que la formulación de cargos se desarrollará en diferentes audiencias.
En esta primera instancia serán acusados la profesional de General Roca que habría emitido los certificados cuestionados, un presunto facilitador de la gestión y cuatro agentes públicos: un penitenciario, una docente y dos policías.
Los fiscales a cargo de la investigación son Francisco Marano y Juan Pedro Peralta, mientras que la Provincia de Río Negro participa como querellante a través del abogado de la Fiscalía de Estado, Federico Rosbaco. Los defensores son Silvio Garrido, Santiago Gonzalo Silva y Omar Jurgeit.
Qué investiga la Justicia
La investigación busca determinar si empleados públicos utilizaron certificados médicos con diagnósticos presuntamente falsos para justificar enfermedades y obtener licencias laborales.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que los documentos habrían consignado enfermedades o impedimentos inexistentes para justificar ausencias de los agentes en sus puestos de trabajo.
La presunta maniobra también alcanza a quienes habrían elaborado y facilitado la documentación. Por eso, además de los trabajadores que presentaron los certificados, la Justicia intenta establecer qué responsabilidad tuvieron los profesionales que los firmaron y las personas que pudieron haber actuado como intermediarias.
Una causa que comenzó en 2024
La denuncia original fue presentada el 23 de mayo de 2024, a partir de una presentación realizada por el gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado Gastón Pérez Esteban y su adjunto, Luciano Minetti Kern.
En aquella presentación se identificó como presuntos firmantes a una médica de General Roca y a un psicólogo de Villa Regina. En un primer momento se había anticipado que la denuncia podía ampliarse a otros profesionales, aunque finalmente esa ampliación no se concretó.
Además, el psicólogo de Villa Regina quedó desvinculado de la investigación luego de que la Justicia considerara que no existían pruebas suficientes para sostener su participación.
El perjuicio para el Estado provincial
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el posible perjuicio económico generado a la administración provincial.
La Provincia sostiene que pudo haber abonado salarios durante períodos en los que los empleados permanecieron de licencia sustentados en certificados médicos presuntamente falsos.
Con la formulación de cargos comenzará ahora una nueva etapa del proceso judicial, que deberá avanzar de manera progresiva debido a la cantidad de personas involucradas en el expediente.
Fuente: Medios
