La Legislatura de Río Negro aprobó la ley que crea el Régimen de Ingreso del Personal Temporario a la Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que permitirá regularizar la situación laboral de miles de trabajadores que desempeñan funciones permanentes en el Estado.
La norma alcanza al personal contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios que haya iniciado su vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2025 y haya prestado servicios de manera ininterrumpida. Para acceder a la planta permanente deberán aprobar una evaluación de idoneidad, cumplir con los requisitos legales de ingreso, contar con un informe favorable de Recursos Humanos y superar los exámenes preocupacionales y psicofísicos cuando corresponda.
Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa al sostener que no implica nuevos ingresos ni un aumento de la planta estatal, sino la regularización de trabajadores que ya cumplen funciones esenciales en distintas áreas del Estado. Además, se destacó que el proceso será voluntario para quienes reúnan las condiciones establecidas por la ley.
El miembro informante, Lucas Pica, señaló que el proyecto brinda estabilidad y previsibilidad a empleados que desde hace años sostienen el funcionamiento de hospitales, escuelas y oficinas públicas. En la misma línea, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, afirmó que la norma garantiza derechos laborales y fortalece la prestación de los servicios públicos.
La iniciativa recibió el respaldo de legisladores de Vamos con Todos, la Coalición Cívica ARI-Cambiemos, la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, Primero Río Negro y el PRO, quienes coincidieron en que la estabilidad laboral contribuye a profesionalizar la administración pública y reconocer el trabajo de quienes sostienen servicios esenciales.
El proyecto fue rechazado por legisladores de Cambia Río Negro y La Libertad Avanza, quienes cuestionaron el tiempo destinado al tratamiento legislativo, la falta de un informe de impacto fiscal y reclamaron mayores precisiones sobre el universo de trabajadores alcanzados y los mecanismos de evaluación.
Con la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar el régimen en un plazo de 60 días hábiles, dando inicio al proceso de incorporación del personal temporario que cumpla con los requisitos previstos por la nueva normativa.
