El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código de Tierras Fiscales con el objetivo de que las tierras fiscales solo puedan ser adjudicadas a personas humanas o jurídicas argentinas. La iniciativa también apunta a priorizar a quienes tengan arraigo y una vinculación efectiva con la provincia, promoviendo el desarrollo productivo y la protección de los recursos naturales.
A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario explicó el alcance de la propuesta y sostuvo: “Queremos que sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia, para impulsar nuestra producción, turismo, empleo y desarrollo sostenible”.
Además, remarcó: “La tierra de la provincia del Neuquén tiene que estar al servicio de los neuquinos, de nuestro desarrollo y de las próximas generaciones”.
La iniciativa modifica la Ley 263 del Código de Tierras Fiscales para establecer nuevos criterios de adjudicación y arrendamiento. Según los fundamentos del proyecto, el propósito es que las tierras sean destinadas a personas que acrediten una relación efectiva con Neuquén, cumplan requisitos verificables y desarrollen proyectos alineados con un modelo de producción sostenible.
Uno de los cambios centrales recae sobre el artículo 1° de la Ley 263, que regula la función social de la tierra fiscal. Allí se reafirma que el Estado provincial impulsará el arrendamiento y la venta de estos inmuebles de manera progresiva, orientándolos a quienes desarrollen actividades productivas.
El texto del proyecto establece: “Declárase norma fundamental para la interpretación y aplicación de la ley, el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo. El objetivo principal es la protección del campesinado y la reactivación de la tierra fiscal a través del incentivo a proyectos productivos vinculados a las actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales o de agregado de valor, que promuevan el arraigo, la generación de empleo, el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales de dominio provincial. Sólo podrán adjudicarse tierras fiscales en venta o en arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas”.
La reforma también incorpora nuevas condiciones para la adjudicación y el arrendamiento de tierras fiscales en toda la provincia, con el objetivo de proteger el interés público, fortalecer el uso productivo y estratégico del territorio, garantizar una adecuada planificación y resguardar la soberanía territorial.
En los fundamentos, además, se señala que la modificación busca preservar un recurso estratégico para la provincia, ejerciendo plenamente las competencias que la Constitución Nacional reconoce a las provincias sobre su territorio y sobre el dominio originario de sus recursos naturales, conforme a los artículos 121 y 124 de la Carta Magna.
